La Prostitución

La prostitución no es un trabajo, es una forma de violencia contra las mujeres.
 

ANRed – Sur

"Consideramos que la prostitución no se ubica en la llamada "esfera privada" ni es el conjunto de actos individuales de un grupo determinado de personas sino que es una institución social patriarcal basada en la desigualdad social, sexual, económica, cultural y política entre varones y mujeres. Como consecuencia de ello no puede ser considerada expresión de libertad femenina, ni trabajo, ni inevitable.

Subsistirá mientras subsistan esas desigualdades. Ponemos en discusión el significado mismo de la prostitución". Este planteo lo realizan las mujeres de la Campaña "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución". Aquí reproducimos dos artículos publicados en "Una perspectiva abolicionista sobre la prostitución y la trata".

La prostitución no es un trabajo, es una forma de violencia contra las mujeres
Existen hoy dos posiciones respecto a la prostitución:
1- La que la considera un trabajo como cualquier otro y una elección libre, fruto de un contrato entre dos individuos: cliente y mujer prostituida.
2- La que, en cambio, sostiene que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres.

Nosotras decimos que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, una violación de los derechos de las humanas, porque:

La prostitución se inscribe en las relaciones de opresión patriarcales, que colocan a los varones del lado del dominio y a las mujeres de la sujeción. La pregunta no es, ¿por qué las mujeres ingresan a la prostitución?, sino: ¿por qué tantos varones compran cuerpos de mujeres y niñas para la satisfacción de su sexualidad? No es un contrato entre cliente y mujer en prostitución, porque no se puede hablar de consentimiento -condición de todo contrato- en condiciones de profunda desigualdad.

Las mujeres no "se prostituyen", son prostituidas por clientes y proxenetas protegidos por el Estado, compelidas por la necesidad económica, por presiones de todo tipo, por la violencia material y simbólica, por costumbres e ideas contenidas en los mensajes culturales que consideran que las mujeres de todas las clases sociales somos objetos disponibles para satisfacer supuestas "necesidades" de los varones también de todas las clases. La relación entre cliente y mujer prostituida no es una relación laboral entre empleador y empleada ni entra dentro del campo del derecho del trabajo.

Ninguna forma de trabajo puede separarse del cuerpo. Pero en la prostitución el comprador obtiene derecho unilateral al uso sexual del cuerpo de una mujer. El "cliente" prostituyente le impone su cuerpo, su sexualidad y su placer a la mujer prostituida. El placer de ella no importa. No es un intercambio sexual recíproco. Hechos que en cualquier trabajo se consideran acoso o abuso sexual: los toqueteos, las violaciones, las insinuaciones verbales, los requerimientos sexuales indeseados, en la prostitución forman parte de la naturaleza misma de la actividad. ¿Cómo reclamarían las mujeres prostituidas contra el acoso sexual, el abuso o la violación? ¿Con qué parámetros se mediría?

Considerarla trabajo legitima la violencia y las desigualdades sociales y sexuales entre varones y mujeres. En todo trabajo está comprometida la subjetividad, pero en la prostitución lo está de una manera más profunda, ya que existe una relación inseparable entre cuerpo y subjetividad, entre cuerpo y sexualidad. La sexualidad es una parte fundamental e imprescindible de la construcción de identidad. La identidad sexual está marcada por la masculinidad y la femineidad socialmente construida, es decir por la desigualdad jerárquica entre los sexos. La prostitución daña a las mujeres de una manera muy distinta a la del trabajo. La prostitución produce daños físicos y psíquicos que algunos estudios comparan con los sufridos por quienes padecen una guerra.
Si prostituir menores de 18 años se considera un delito, ¿cómo puede convertirse en un trabajo y en una elección libre el día en que la mujer cumple 18 años? El trabajo infantil está prohibido (en nuestro país, antes de los 14 años), pero se promueve la preparación educativa de niñas y niños para sus futuros trabajos: escuelas técnicas, comerciales, de magisterio, etc. Si la prostitución es trabajo, ¿cómo se formaría a las niñas para el mismo?, ¿cuáles serían los cursos de aprendizaje? ¿Secundarios con orientación servicio sexual? ¿Dónde y con quiénes se harían las prácticas? ¿Con los padres, con los tíos, con los maestros?.

Considerar a la prostitución trabajo favorece la trata y la legalidad de proxenetas y rufianes, al convertir la explotación sexual en un negocio legal. Sirve también para crear la ficción de un descenso en la tasa de desempleo, útil para mejorar la imagen de la actual fase del capitalismo, que se caracteriza por el carácter estructural de la desocupación y la exclusión social.

La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, de violación de los derechos de las humanas, de explotación sexual, institución fundamental en la construcción de una sexualidad basada en el dominio masculino y la sumisión femenina y en la cosificación de nuestros cuerpos. No es, por tanto, una expresión de la libertad sexual de las mujeres.

Por todo esto sostenemos que no se debe hacer distinción entre prostitución y trata forzada y voluntaria, ni entre prostitución infantil y adulta, ni diferenciar entre personas menores y mayores de 18 años. Estas distinciones legitiman prácticas de explotación sexual, transformándolas en aceptables y permisibles. Utilizan una falsa idea de elección y consentimiento que no reconoce los condicionamientos sociales e individuales y el complejo proceso que lleva a una mujer a ejercer la prostitución y las diversas formas, sutiles o brutales de coerción, no siempre demostrables.

Enfoques jurídicos frente a la prostitución
La prostitución es el más violento punto de unión entre patriarcado y capitalismo, ya que reúne explotación económica y violencia de género. Las cifras son contundentes: en el informe del año 2000 del Fondo de Población de Naciones Unidas, se estimaba que cada año 4 millones de mujeres y niñas/os ingresan en los prostíbulos del mundo para ser consumidos sexualmente. El 90% de los casos de trata y tráfico son de mujeres y niñas para prostituirlas. Según Naciones Unidas, durante 4 siglos 11 millones de personas fueron reclutadas en África para el sistema esclavista, mientras que solamente desde el año 1990 al año 2000, más de 30 millones de mujeres y niñas/os fueron traficadas en el Sudeste Asiático. La globalización del mercado del sexo, unida a la pobreza expone a millones de mujeres y niñas/os excluidas (la población más vulnerable) al riesgo cierto de ser víctimas de tráfico y trata.

En general, los Estados establecen tres marcos jurídicos sobre los que basan sus posturas frente a la prostitución: ellas son la prohibición, la abolición o la reglamentación.

La prohibición: implica la sanción y el castigo, tanto para quienes acepten un pago a cambio de sexo como para quienes lo demanden. Penaliza la totalidad del sistema. Lo cierto es que en el marco de la cultura patriarcal la tendencia es a penalizar a las mujeres en situación de prostitución y a absolver, en la mayoría de los casos, a los clientes-prostituyentes.

La abolición: El abolicionismo afirma que todo tipo de prostitución es explotación del cuerpo de otra/o y la considera como un grave atentado contra la dignidad de las mujeres, ya que las que se encuentran en estado de prostitución son mayoritariamente mujeres. Esta postura ideológica, ética y política postula la desaparición de la prostitución y tuvo siempre el apoyo de gran parte del movimiento feminista. Considera que las mujeres en situación de prostitución son víctimas. No reconoce diferencia entre prostitución "libre" y "forzada" porque las situaciones de prostitución no se dan nunca en libertad, las mujeres son consideradas, en todos los casos, como mercancías. Todas son violencias contra las mujeres que se explican a partir de la existencia de la institución social de la prostitución. Las abolicionistas nos oponemos a toda posibilidad de reglamentación o legalización, ya que sería perpetuar la injusticia. Como feministas no apoyamos ni reivindicamos las opciones que sirven para los intereses de dominación patriarcales y refuerzan los sistemas de género (construcciones sociales alrededor de los sexos). Los argumentos sobre "asunción voluntaria" incluso "complaciente" de las funciones que el patriarcado nos asigna los consideramos una de las formas más eficaces de mantenimiento y reproducción del sistema de género (y en general de todo sistema de explotación social). Nuestro país tiene tradición abolicionista ya que ha firmado y ratificado la "Convención contra la Trata de personas y la Explotación de la prostitución ajena" (Naciones Unidas 1949), en la que se establece que el delito del tratante se configura aunque la víctima haya dado consentimiento. ¿Por qué entonces hay parte de nuestra sociedad que se resiste a la causa abolicionista? Son muchos los motivos, como algunos de los prevalecientes deberíamos anotar:

Porque es en nuestra cultura patriarcal en donde la prostitución está asociada a la sexualidad masculina.
Porque permite un control "moral" que nos divide entre "buenas" y "malas" y esto debe seguir existiendo para mantenernos disciplinadas.
Porque, además, es un negocio sumamente redituable, que habilita múltiples negocios igualmente redituables, en un sistema en donde el lucro es un valor primordial.

La reglamentación: Bajo este marco jurídico al Estado le correspondería censar y registrar a todas las prostituidas, darles un carnet identificatorio, controlar sus enfermedades de transmisión sexual a fin de evitar contagios a los clientes-prostituyentes, habilitar los locales para tal fin, establecer las zonas permitidas y cobrarles impuestos a todo el sector dedicado a éste "negocio". Los reglamentaristas contemporáneos, conservadores ó modernos y liberales, continuadores todos de la tradición pro-prostitución, convalidan y legitiman el uso sexual de las mujeres.

Para ello utilizan varias justificaciones:
Los conservadores, herederos directos de aquellos del siglo XIX y gran parte del XX, son los que consideran a la prostitución un mal necesario y proponen un control sanitario y moral sobre las mujeres. Consideran la prostitución como un mal inevitable, que es necesario aceptar y reglamentar para evitar la clandestinidad en la que se ejerce. Al Estado le cabe el rol de control sobre esta "actividad".

Los "modernos y liberales" defienden la "libertad de elección", están a favor del "consentimiento" y señalan a la prostitución como una de las formas de ejercicio de la sexualidad. ¿A qué libertad aluden estos sostenedores de la prostitución? Sin duda, se refieren a ellos mismos, hablan de la libertad de los usuarios de prostitución. Para las mujeres, los servicios prestados en esas condiciones, no constituyen prácticas sexuales mucho menos deseadas. Son prácticas de sobrevivencia. Se impone a las mujeres el acceso a su cuerpo por un precio. ¿Dónde está la libertad? Curioso consentimiento que encubre relaciones sociales de desigualdad entre mujeres y varones, pobres y ricos, adultos y niñas/os.

Dicen favorecer a las mujeres en situación de prostitución, protegiéndolas. Les imponen con este motivo: su registro, controles sanitarios periódicos, lugares predeterminados donde realizar la "actividad", preservativos que podrán usar mientras el cliente-prostituyente no se oponga. Con estas medidas lo que en verdad se favorece es la explotación de la prostitución ajena en lugares cerrados, autorizados, con "libreta sanitaria" y con normas rígidas a cumplir, por parte de las prostituidas, bajo la vigilancia de los proxenetas y los fiolos, todo ello con la complicidad policial. Al reglamentar la prostitución, se esconde la figura de explotación sexual, sus víctimas serán ahora "trabajadoras". Los explotadores (proxenetas y fiolos) serán, ahora, "empresarios". Se está legitimando así la "industria de la prostitución" mediante unos compradores que siempre se mantienen invisibles.

Cuando una sociedad reglamenta la prostitución, no se limita a poner normas, sino que está dando un sistema de valores con un mensaje para toda la sociedad: es legítimo el uso comercial del cuerpo de las mujeres y esto se convierte en el paradigma de la sexualidad. Al mismo tiempo que la prostitución reglamentada concede al conjunto de varones la autorización moral y social para participar, sin responsabilidad ni escrúpulos, en la explotación de las mujeres ejerciendo su poder sobre ellas mediante la mediación del dinero.

El sistema prostitucional está relacionado con la pornografía, el turismo sexual, las líneas eróticas, el ciber-sexo, los sex-shops, los anuncios y publicidades, los programas televisivos que exponen a las mujeres como mercancía. Combatir la prostitución oponiéndose a su reglamentación implica, también, combatir el conjunto de actividades montadas alrededor de la mercantilización del cuerpo femenino.

Miremos qué les ha pasado a los países (casi todos del primer mundo) que han legalizado o reglamentado la prostitución. El tráfico y trata con fines de prostitución se ha convertido en una "industria" floreciente. Las mujeres y niñas/os que van a ser prostituidas provienen mayoritariamente de países pobres y son súper explotadas y esclavizadas en los locales para ese fin. Se ha banalizado y difundido el comercio sexual. No todas las mujeres en situación de prostitución quedan incluidas en esa falsa legalidad, pues sigue en parte ilegal, con dineros y con mujeres indocumentadas traídas mediante tráfico y trata. Se han aumentado la cantidad de prostíbulos. Se han diversificado otras formas de explotación sexual.

Las mujeres involucradas en la Campaña "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución", repiten sin cansancio que todas tienen el derecho inalienable a ser libres.

Proponen:
Exigir al poder legislativo que sancione la Ley de trata sin condicionar la definición del delito del proxeneta a la edad de las víctimas ni a su falta de consentimiento.
No perseguir, discriminar, ni penalizar a las mujeres en situación de prostitución.
Puesta en marcha de un verdadero proyecto igualitario entre mujeres y varones consensuado y con seguimiento de las organizaciones que sostenemos esta propuesta.
Trabajo genuino y con nivel de vida adecuado que permita satisfacer todas las necesidades.
Espacios de apoyo y contención para todas las mujeres víctimas de las redes de prostitución.
Potenciar a través políticas públicas sobre la educación y los medios de comunicación una práctica de la sexualidad desde condiciones de dignidad y respeto no sexistas, no androcéntricos (centradas en el hombre) y no discriminatorias.
Campaña que desnaturalice la prostitución, señale los daños que produce en las mujeres y marque la responsabilidad del "cliente".
Penalización de sitios pornográficos, paidófilos, racistas y el turismo sexual con penas de cumplimiento obligatorio.
Campaña "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución"

Anuncios

La despenalización del aborto no puede esperar

Por: Luis R. Delgado J.

La discusión sobre la despenalización del aborto o interrupción voluntaria del embarazo, ha avanzado en los últimos años en diversos países latinoamericanos y caribeños debido a la alarmante cifra de mujeres que anualmente fallecen de forma trágica por la práctica de abortos clandestinos.

El tema del aborto puede ser abordado desde diversas perspectivas que luchan por su despenalización o por su mantenimiento en la ilegalidad. Es nuestra intención abordar hoy la problemática de la interrupción voluntaria del embarazo, como un problema ante todo de salud pública, que de no resolverse de forma expedita seguirá causando muertes innecesarias a miles de mujeres al año. Este fenómeno por ser clandestino en la mayoría de los países no se conoce a profundidad, pero es una de las causas más importantes de mortalidad y deformaciones físicas en las mujeres sobre todo las más jóvenes a nivel mundial.

Enfocar la problemática del aborto, como un tema de salud pública, nos permite deslindarnos de posiciones que abordan dicha problemática como éticamente buena o mala, no es nuestra intención emitir un juicio a este respecto, lo que si consideramos es que la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo es necesaria, más allá de las valoraciones morales que podamos defender. Entendemos que cada vez que se habla de este tema, nuestro corazoncito judeo-cristiano se estremece, una suerte de espiritualidad se hace de nosotros y nos nubla el juicio crítico frente a un fenómeno recurrente en las sociedades a nivel global.

Sin embargo, la existencia del aborto clandestino es una amenaza para la vida de miles de mujeres fundamentalmente jóvenes y pobres, ya que el mismo se practica en condiciones insalubres por no decir sumamente peligrosas, mientras que la mujer con recursos puede practicárselo en una clínica privada, en la cual será bien atendida porque pagará una importante suma de dinero.

Insistimos, se trata de una problemática grave de salud pública, que afecta sobre todo a los sectores más desposeídos y excluidos de la sociedad, ya que las mujeres de recursos con su doble moral, cuentan con el suficiente dinero para acceder a los servicios competentes pero clandestinos de una Clínica y el domingo siguiente ir a una misa, mientras que a la mujer adolescente pobre le toca meterse un gancho de ropa, una cabilla o unas cuantas citotep, poniendo en riesgo su vida y en el mejor de los casos atrofiando su aparato reproductivo. Estas ideas deben entenderse bien para estudiar el problema con toda su crudeza.

En este sentido, promover la despenalización del aborto no es apoyarlo ni mucho menos aplaudirlo, se trata simplemente de una respuesta a una problemática social que nos está matando a muchas mujeres anualmente, y la única solución es que el Estado este en capacidad de atender con calidad y gratuidad la interrupción voluntaria del embarazo. Esta política social debe venir acompañada de una educación sexual efectiva y eficiente por parte del sistema educativo, los medios de comunicación y la familia, a su vez esto debe combinarse con una distribución masiva, gratuita y permanente de mecanismos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados, sólo así se puede controlar el traumático fenómeno del aborto.

La necesidad de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es ante todo un problema político y sociológico, el cual el Estado Laico (independiente de la tutela teológica y eclesiástica) venezolano debe darle una respuesta satisfactoria, ya que la postergación de esta reivindicación histórica de los movimientos revolucionarios y feministas, significa la pérdida innecesaria de más vidas que pudiesen ser salvadas.
La sociedad no puede seguir cerrando los ojos frente a este fenómeno bochornoso en pleno siglo XXI. Es inconcebible que la vida de miles de mujeres se exponga al peligro de la muerte, por los prejuicios de una sociedad hipócrita que se erige en defensora de la vida de los nonatos y una vez que estos nacen se desentienden de ellos, no les importa un comino la suerte que tendrá en su vida ese niño o niña, sino tiene hogar, si muere a los meses por falta de vacunas, si muere a los pocos años por el hambre, poco le importa a esta sociedad farisea.

Demás está decir que defender la vida humana pasa también por defender la vida de las mujeres.

¡Ni una muerta más!
¡Despenalización del aborto ya!

Aborto Clandestino: Voluntad del Estado y la Religión convertida en Ley Punitiva para la Mujer

Por: Rebeca E. Madriz Franco

 

Miles de mujeres mueren anualmente producto de la realización de prácticas clandestinas de abortos en el mundo entero, y Venezuela no es la excepción. Sin embargo, muchas susceptibilidades son heridas cuando del tema se trata, y no precisamente por las mujeres muertas, sino por aquellas que han de seguir muriendo, ya que la Iglesia Católica, El Estado (con un papel estelar de la Asamblea Nacional), los Grupos y Organizaciones Feministas, Especialistas, Partidos Políticos, etc., son sólo algunos de los actores políticos y sociales que pretenden inclinar la balanza de la justicia de acuerdo a su posición.


Bajo el dilema de la vida y la muerte, las derechas y las izquierdas se pierden y unen en un marasmo de argumentos que, lastimosamente, vienen cargados de manera abrumadora de resabios judío-cristianos, mientras las mujeres seguimos estando, mayoritariamente, al margen de la discusión.

Para graficar un poco las implicaciones de la práctica de abortos clandestinos, se pudieran citar unas cifras escandalosas que van y vienen de un lado (a favor del aborto) a otro (contra el aborto), de discurso en discurso, de bandera política a lucro clandestino, mientras las mujeres seguimos, sino muertas o con lesiones en el aparato reproductor, en el mejor de los casos, trayendo hijos de escaso y poco prometedor futuro, a sufrir los improperios de una desgastada humanidad. Sin embargo, el mejor ejemplo lo expresa la cruda realidad de que la gran mayoría de nosotras y nosotros hemos tenido una experiencia cercana al aborto, sino personalmente, sí a través de amistades, compañeras, familiares, que sin darnos cuenta y bajo nuestra “complicidad”, han podido estar “literalmente” al borde de la muerte. En base a esto es necesario plantear el aborto como una problemática que está afectando gran parte de la humanidad, principalmente, los sectores más pobres.


Es importante señalar que en la mayoría de nuestros países, las cifras generales son bastante reveladoras, sin embargo, el número estimado de abortos que se provocan anualmente no puede tomarse como absolutamente certeros, pues se trata de una situación penalizada, que le hace revestir su carácter clandestino.


Es por esta razón que necesitamos profundizar esta problemática, y mención especial merecen nuestros órganos legislativos, ya que mientras más débil y vulnerable sea el sistema jurídico, de igual manera los aspectos que más afectan a la población en general continuarán siendo eludidos.

Si las y los Legisladores no son cónsonos con la realidad del pueblo, tendremos los de a pie que preguntarnos… ¿Es viable la despenalización del Aborto en Venezuela?


El Código Penal Venezolano castiga con “prisión de seis meses a dos años, a la mujer que intencionalmente abortare valiéndose para ello, de medios empleados por ella misma, y con prisión de doce a treinta meses a quien hubiere provocado el aborto de una mujer con el consentimiento de ésta”.

Mientras que, por otro lado, “no incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta”.

Por otro lado, nuestro Código Civil establece que “el concebido se tendrá como nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona basta que haya nacido vivo”. Es así, como algunas consideraciones parten de que el feto no es persona jurídica, por lo cual no se incurre en delito cuando se realizan prácticas abortivas. Indiscutiblemente existen lagunas jurídicas y contradicciones que mientras no sean profundizadas seguirán violando derechos fundamentales de la población.


En base a estos fundamentos, es necesario emprender discusiones en base a un tema tan neurálgico como éste, que toca de manera profunda a toda la sociedad, pues desde organizaciones pro vida encabezadas por grupos católicos y la propia jerarquía de la Iglesia, hasta organizaciones de mujeres pro despenalización aborto, pasando por las líneas generales de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, y nuestros principios constitucionales, son todos sectores y elementos que confluyen en la discusión de si es viable o no despenalizar el Aborto en nuestro país.

La importancia que reviste este tema se basa en que, objetivamente, mueren mujeres por las prácticas clandestinas de abortos y en base a ello es necesario proporcionar elementos que permitan lograr un mayor avance en nuestra sociedad, donde se respeten y garanticen los derechos humanos de las personas, redundando esto en beneficios para la sociedad en general, pues se trata de avanzar hacia la construcción de mejores condiciones de vida.


Diversas investigaciones, desde los puntos de vistas médico, jurídico, psicológico, etc., han pretendido profundizar en la materia, y han arrojado resultados que nos conducen a una mayor valoración de ésta problemática.

Para Guillermo Canabellas (1999):

“El aborto provocado puede concebirse como un problema de crisis moral, que está representada en la destrucción de una vasta serie de fundamentos naturales y biológicos, sobre los cuales descansan los conceptos; han sido derribados, quizás prematuramente, los muros que contenían la expansión disgregadora de la familia”

.
De esta manera, se toca uno de los elementos más conflictivos, que alude a la moral cristiana – religiosa de nuestra cultura, y que es uno de los factores morales y culturales de mayor peso a la hora de emprender discusiones e investigaciones al respeto. Para Canabellas, es entonces la destrucción de la familia nuclear monogámica la que ha desencadenado la crisis de valores que hoy se expresa en la práctica “masiva” de abortos clandestinos inducidos. Es irónico, pero también preocupante, como la fusión entre el Derecho y la Religión, sigue aun presente y es asumida por autores como Canabellas, una de las mayores referencias teóricas que se vende en nuestras Facultades de Derecho. De manera que el papel que juega la Iglesia Católica en este tema no sólo permean nuestros órganos legislativos, sino además sigue siendo un factor definitorio en la estructura jurídica y en la educación.


Por su parte, Hernando Grisanti Aveledo (1985), señala:


“En algunas ocasiones se argumenta a favor de la solución de los plazos que el embrión no es un ser humano o no tiene vida humana propiamente dicha en los tres primeros meses del embarazo…El argumento es falaz. El momento de la muerte viene determinado por el cese irreversible de la actividad cerebral… No puede afirmarse… que el embrión sea una cosa, o un mero coágulo de sangre. La vida humana comienza en la concepción, es decir, con la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Desde entonces queda fijado el código genético del nuevo ser…”


Es así como Grisanti Aveledo da al traste con las diversas concepciones y posturas que plantean la despenalización del aborto durante las 12 primeras semanas de gestación, pues para él, la vida del ser humano comienza en el momento de la concepción, sin embargo nuestro Código Civil es muy claro al respecto, al señalar en su artículo 17 que para que el feto sea reputado como persona debe haber nacido vivo, de manera que elementos morales, y religiosos siguen influenciando éstas investigaciones, que por su importancia deben necesariamente, revestir un marcado carácter científico. Tal vez éste especialista en materia penal (otra de las mayores referencias teóricas de nuestros futuros abogados), ha olvidado algunos principios que están muy por encima de su parcializada posición socialcristiana.

Para Alejandro Angulo Fontiveros (2004):


“Se debe permitir abortar si peligra la vida o la salud de la gestante; si el embarazo se debe a una violación; si el hijo nacería con graves taras físicas o psíquicas; y si la mujer está agobiada por una angustiosa necesidad social. Es indiscutible que en todos éstos casos está indicado el aborto, y además en los países más civilizados se reconoce un derecho absoluto al aborto si la gestación no pasa de tres meses”.


En esta observación, Fontiveros engloba la posición de otros sectores “más prácticos que teóricos”. Para él, desde la vida de la mujer, pasando por las causas que produjeron el embarazo, así como la salud del ser por nacer, hasta elementos de carácter económico, juegan un papel de relevancia a la hora de determinar la práctica de un aborto, por lo que observamos que esta propuesta es antagónica a las anteriores, más aun tomando en cuenta que el factor moral – religioso es obviado.


Para Jorge López Bolado (1999):


“La penalidad del aborto debe mantenerse como expresión de censura social, y por ende no puede ser causa del aborto ilegal, en razón de que lo que persigue la sanción es prevenir y reprimir la conducta subsumida en el tipo. En este orden de ideas, una mayor represión lograría una disminución en la práctica de éste delito”.


Indiscutiblemente para López Bolado las causas del aborto distan de su penalización, es decir que para el autor, el hecho de que el Aborto esté penalizado lo que genera es una prevención para que no se sigan realizando, sin embargo, hay que decirlo, las cifras comparativas con respecto a otras legislaciones con mayor penalidad, o totalmente despenalizado, indican los contrario. Ahora es también curioso, siendo que la penalidad evita que se realice determinada práctica, cómo éstos “especialistas” jamás se han manifestado respecto a otros fenómenos como la prostitución y propuesta abolicionistas al respecto.


Mediante un análisis comparado de diversas legislaciones en el mundo, nos encontramos que existe un grupo de países donde el aborto es permitido ya sea por solicitud de la mujer embarazada, por motivos de salud, eugenésicos o motivaciones de tipo socioeconómico. Por lo tanto si una mujer decide abortar, no tiene que demostrar que fue violada o que tiene suficientes hijos, como tampoco debe tener el aval de varios médicos que certifiquen un posible riesgo a la salud: simplemente basta con la petición de la mujer. Por ejemplo como es el caso de Canadá, Holanda, Austria, Noruega, Grecia, Dinamarca, Vietnam, Cuba y China, entre otros. Otro grupo de países tienen, en general, una actitud comprensiva hacia el aborto más no absoluta, como es el caso de España. Habiendo a su vez casos de penalización absoluta como Chile y el Vaticano.


Mientras tanto, el Código Penal Venezolano tipifica el Aborto como un delito doloso. En este sentido en importante señalar que sólo el llamado Aborto terapéutico no es considerado delito, según lo se establece en el artículo 433 ya mencionado.


Es necesario aclarar, que el concepto de aborto no es uno sólo, y suele ser enfocado desde el punto de vista ginecológico y legal, los cuales tienen significados divergentes y/o complementarios.


El Aborto, desde el punto de vista Ginecológico: es la expulsión natural del producto de la concepción antes de los nueve meses y después de los seis meses de embarazo.


El Aborto, desde el punto de vista Legal: es la expulsión violenta del producto de la concepción en cualquier momento de la gestación.


La diferencia radica en que ginecológicamente, el aborto es la expulsión del producto de la concepción, tenga o no su origen en maniobras abortivas.


Nuestro Código Penal no suministra un concepto jurídico del Aborto, a diferencia de otras legislaciones.


Para lograr un criterio ecuánime hay que tomar en cuenta que dentro de las mujeres penalizadas por prácticas de abortos las más expuestas son las mujeres pobres, primero por el riesgo sanitario que conlleva un aborto clandestino y en segundo lugar por la recurrencia a maniobras caseras de alto riesgo, situaciones que concluyen en el requerimiento de una asistencia médica en los servicios públicos de salud, donde se denuncian malos tratos y muchas veces negligencia, por parte del personal médico como sinónimo de represión y rechazo. Hasta el momento la sociedad en su conjunto no asume ninguna responsabilidad, pero ¿existe una adecuada salud sexual que permita evitar los embarazos no deseados? ¿El Estado ha impartido una adecuada información y acceso a métodos de anticoncepción seguros? ¿La familia ha logrado impedir ser desplazados por los demás medios como factores de educación? Son éstas interrogantes producto de otra investigación, sin embargo, no cabe duda de que son elementos que combinados ejercen su influencia específica, por lo que se puede asegurar que el tema de la despenalización del aborto, no puede ser visto desde la unilateralidad de una perspectiva religiosa, sino como un problema social y desde esa perspectiva debe ser atacado.


Es así como la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se ha manifestado en varias ocasiones en contra de la legalización del aborto en Venezuela por razones religiosas, éticas y jurídicas, sosteniendo lo siguiente:


“La despenalización del aborto provocado significaría el abandono de un valor ético fundamental en todo ordenamiento jurídico y en toda convivencia social”.

Sin embargo, el Estado debe jugar un papel de mediador y crear el equilibrio necesario que permita separar de su estructura a la Iglesia, y abrazar las posiciones de los sectores más desposeídos, porque finalmente, hablar del Aborto es hablar del Derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, y es ese sentido, ni El Estado, ni la Iglesia, ni los parlamentos (conformados fundamentalmente por hombres) tienen derecho a penalizar, porque decidir es tarea de las mujeres, ya que se trata de nuestros derechos reproductivos.


En este caso, las mujeres como movimiento organizado, apelan al Derecho a elegir voluntaria y libremente la maternidad, el derecho a tener hijos o no tenerlos y por lo tanto a interrumpir un embarazo en un momento dado, basándose en una serie de derechos humanos ya reconocidos, como el derecho a la igualdad y la no discriminación, a la autodeterminación, a la vida, a no ser sometido a torturas, a la libertad y seguridad personales, a no ser objetivo de injerencias arbitrarias en la vida y la familia, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Derechos que forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


Defender que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo no representa que los cuerpos sean simples objetos, incomunicados y bloqueados de la sociedad, no; se trata de comprender que el cuerpo es una parte integral, cuya salud y bienestar, encerrando el placer sexual, es un principio necesario para una participación activa en la vida social. La integridad corporal no es, pues, un derecho individual, sino social, puesto que sin él las mujeres no pueden actuar como miembros plenos de su comunidad. Sin embargo, aunque sean sociales, los derechos sexuales y reproductivos también son personales, de allí que en ellos prive la decisión de la mujer.

Por otro lado, si se valora que 2 de cada 5 embarazos no son planeados, y el 60% de ellos son interrumpidos, se deben tomar las medidas sanitarias oportunas para evitar la muerte de mujeres. De igual manera, es indiscutible el impacto en mujeres entre 13 y 20 años donde se duplica el riesgo de muerte, y que se presentan cada vez en mayor número en nuestros centros de salud pública.


Diariamente en nuestros centros de salud se pueden presentar casos de mujeres que requieren de curetajes por haberse practicado un aborto con métodos artesanales, y estos casos no son registrados como abortos pues la mujer incurriría en un delito. Por otro lado, hay que insistir en que la mayoría de ellas son jóvenes, y muchas veces se producen daños en el aparato reproductivo que son de carácter irreversible.


Se necesita con urgencia abrir la brecha de oportunidades para la mujer y considerar las causas y consecuencias de un aborto, pues sus efectos son devastadores.