Nacionalización del Petróleo (Ley)

Nacionalización del petróleo

En Venezuela las actividades petroleras comenzaron en la época pre-hispánica, época en la cual solo se utilizaba el petróleo para calafetear e impermeabilizar las embarcaciones, pero su explotación se comenzó a realizar formalmente en la época colonial. Fue desde entonces que la industria petrolera en Venezuela fue creciendo y se fortaleció hasta llegar al punto en que se nacionalizaron todos los activos de las empresas petroleras en 1976.

A partir de 1958, después del derrocamiento del régimen represivo de Marcos Pérez Jiménez, al restablecerse el rumbo democrático, los gobiernos que surgieron: Rómulo Betancourt (1958), Raúl Leoni (1963), Rafael Caldera (1968), Carlos Andrés Pérez (1973), en cumplimiento a postulados nacionalistas de propiedad, soberanía y desarrollo, procuraron buscar una mayor participación fiscal en el negocio petrolero.

En el momento en que asciende al poder Carlos Andrés Pérez (1973) existía todo un conjunto de condiciones favorables para tomar las medidas de nacionalización de la industria petrolera. Pero no es sino hasta el año 1975, cuando el ejecutivo presentó al Congreso Nacional el proyecto de ley de nacionalización para el retorno integral del negocio petrolero a las manos del sector público.

Entre esas condiciones favorables se destacaron:

1.- El apoyo amplio y mayoritario de la opinión pública. La consigna de nacionalización aparece por primera vez en la plataforma del Partido Comunista de Venezuela, lo que contribuyó desde un comienzo a darle carácter subversivo y a que fuera vista con recelo por parte de los partidos defensores del status capitalista. De allí que sucedieran enfrentamientos alrededor de la consigna entre los marxistas y los representantes de las compañías petroleras, la Seguridad Nacional y las distintas policías políticas que le sucedieron. A partir de la caída de Pérez Jiménez, dentro de un clima de mayores libertades democráticas la consigna de nacionalización de las industrias extranjeras explotadoras de petróleo y de mineral de hierro fue penetrando cada vez más profundamente en la opinión pública hasta ganar el apoyo de la gran mayoría de la población venezolana.

2.- El Fortalecimiento de la OPEP. El fortalecimiento de de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y su enorme poder y prestigio internacional constituía un soporte importante para las políticas nacionalistas de sus miembros en relación de la industria de hidrocarburos.

3.- La llamada crisis energética y la necesidad de desarrollar nuevas formas de energía en los países capitalistas desarrollados. Señalando que a partir de la década de los años veinte el petróleo comienza a avanzar, hasta constituirse en la fuente energética fundamental de la economía contemporánea. En efecto,  el consumo mundial de petróleo creció aceleradamente hasta que, a comienzos de la década de los setenta se puso en evidencia que de continuar tal desarrollo las fuentes mundiales conocidas tendrían a agotarse para dentro de 30 a 40 años. Tal constatación ha tenido múltiples consecuencias:

a.- Las compañías petroleras, comienzan a transformarse en compañías productoras de otras formas de energías: atómicas, solar, geotérmicas, vuelta al carbón, etc. Pero el desarrollo de esas nuevas formas de producir energía exigían grandes inversiones y, además requerían que subieran los precios del petróleo, pues mientras éstos se mantuvieran bajos no les era posible competir con los demás productores energéticos.

b.- La OPEP, vio en tal coyuntura la posibilidad de aumentar los precios del petróleo que suben de 1,92 dólares por barril en 1970 a 4,42 en 1973 y 14,35 en 1974. El alza de los precios del petróleo, sirvió tanto para las compañías petroleras como a los países productores.

c.- El alza de los precios del petróleo golpeó seriamente la economía de los países capitalista desarrollados, creando un clima político desfavorable para las compañías petroleras, en especial de los Estados Unidos.

4.- La nacionalización del petróleo en diversos países árabes. Toda esta favorable situación internacional creó un clima propicio a la nacionalización de la industria petrolera, en todo el mundo árabe donde se ubican las principales reservas  mundiales de hidrocarburos. En 1970 Argelia nacionaliza a todas las compañías no francesas. En 1971 y 1973 Libia sigue el mismo camino y, al igual que Siria e Irak en 1972, creando así un clima de presión nacionalista que pasa al Medio Oriente, donde la presencia soviética impedía que las compañías petroleras hicieran una efectiva política de enfrentamiento a los gobiernos que cada vez más presionados por la opinión pública en el sentido de la nacionalización. En tales condiciones, las empresas extranjeras se vieron obligadas a proponer diversas formas de asociación con los demás países petroleros árabes, lo que ponía en evidencia su debilidad frente al movimiento nacionalista.

Dentro de este cuadro inicia su gobierno Carlos Andrés Pérez y no es casual que su primer decreto presidencial fue nombrar una comisión de alto nivel para que estudiara y analizara las diversas alternativas para adelantar la Reversión de las concesiones petroleras antes de 1983, es decir, para que el Estado venezolano procediera a tomar para sí la operación directas de la industria petrolera.

En diciembre de 1974 dicha comisión presenta al Ejecutivo un proyecto de Ley de Nacionalización con el acuerdo de todos sus miembros a excepción del representante de Fedecámaras. Posteriormente el Ejecutivo Nacional introdujo al Congreso un nuevo proyecto donde según las palabras del Presidente de la República se hacía “solo una modificación de fondo” al proyecto de la comisión, la cual se refería al artículo 5º.

Dicha modificación autorizaba al Ejecutivo o a los entes de su propiedad encargados de todo lo relativo a la actividad petrolera a “celebrar convenios de asociación con entes privados con una participación que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada”.

Tal disposición fue atacada duramente por diversos sectores que consideraban que al facultar el Ejecutivo para asociarse con entes privados, nacionales o extranjeros, entre los cuales podían estar las antiguas compañías extranjeras concesionarias, se sancionaba una “nacionalización chucuta

“El Partido Movimiento al Socialismo fue el primero en rechazar la modificación del artículo 5º, pues en su nueva fórmula “abre la posibilidad de que, dentro de las nacionalización de la industria petrolera que va a tener lugar, los grandes capitales privados, extranjeros y nacionales tengan una participación importante en la propiedad de las empresas que se constituyen, en el poder de decisión sobre la economía del país y en las ganancias que se generen, las cuales como todo el mundo conoce, alcanzan grandes proporciones”.

El Partido Socialcristiano Copei, el 21 de abril de 1975, en declaración oficial rechazó la notificación del proyecto realizada por el Ejecutivo, alegando que “estos convenios de asociación con entes privados” constituyen lo que comúnmente se llaman “empresas Mixtas” que concurrirán a formarlos, habrían de ser necesariamente las propias empresas transnacionales y las empresas venezolanas, organizadas o en vías de organización, ávidas de participar en el jugoso negocio del petróleo.

Unión Republicana Democrática propuso una formula conciliatoria en el sentido de que la propia Ley especifique las áreas donde es permitido o deseable la creación de las empresas mixtas y que se excluyan  de las demás. El Partido Comunista y el MIR rechazaron también el cambio propuesto por el gobierno en el artículo 5º del proyecto original”.

 

 Después de un largo debate, los congresistas aprobaron el proyecto y el 29 de agosto de 1975 se convirtió en Ley Orgánica, cuando el Presidente Carlos Andrés Pérez puso el “ejecútese” a esta ley conocida como Ley de Nacionalización del Petróleo. Esta ley reserva al Estado Venezolano la exploración, explotación, manufactura, refinación, transporte y comercio del petróleo, asfalto y todo tipo de hidrocarburos. De esta manera el 31 de diciembre de 1.975 quedaron extinguidas las concesiones petroleras, anulado el derecho de realizar actividades de la industria petrolera a quienes se les había otorgado, las compañías trasnacionales.

El 1º de enero de 1976 en el pozo Zumaque nº 1 en el campo Mene Grande estado Zulia, donde comenzó la explotación petrolera, el Presidente Pérez proclamó ante el país la nacionalización de los hidrocarburos y entró en vigencia la ley. A partir de esta fecha, las propiedades, plantas y equipos entre otros aspectos de las compañías concesionarias extranjeras pasaron a ser pertenencias del Estado.

Fue la República de Venezuela la que desde ese momento y mediante un grupo de empresas de su propiedad, planifica, resuelve, financia, ejecuta y controla todas y cada una de las actividades de la industria petrolera. Dentro de las empresas que se crearon y quienes dirigen las operaciones del proceso petrolero están: Maraven, Corpoven, Lagoven, todas bajo la coordinación de PDVSA.

28 años más tarde, en enero del año 2003 inició la primera etapa de la que se llamó la “verdadera nacionalización petrolera” durante el mandato de Hugo Chávez, quien anunció que poco a poco se irían corrigiendo desviaciones y desactivando “mecanismos de dominación que fueron instalados desde hace mucho tiempo y todavía están allí. Y que se  comenzaría a desactivar para recuperar la Plena Soberanía Petrolera”.

Durante esta nueva etapa se rescataría la Soberanía Petrolera, con el propósito de deshacer “los entuertos heredados de aquella vieja Pdvsa entreguista, apátrida y controlada por intereses transnacionales”.

El 10 de octubre de 2004, durante el programa Aló Presidente transmitido desde la Refinería de Puerto la Cruz, el presidente de la República, Hugo Chávez, anunció un nuevo impulso a la política petrolera nacional para entrar en una fase de “plena soberanía petrolera”.

Luego de esto, el 26 febrero de 2007, se firmó el decreto 5.200, mediante el cual el Gobierno autorizó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tomar el control total de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Con respecto al tema, diversos personajes de la política nacional han opinado, que “en la década de los años 70, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, no hubo ninguna nacionalización del petróleo, sino un acuerdo entre las élites nacionales e internacionales, para repartirse los dividendos de ese recurso”. Que eso fue un acuerdo entre las élites nacionales e internacionales, por eso Juan Pablo Pérez Alfonso la llamó la nacionalización chucuta, es decir una falsa nacionalización”.

Con estas dos visiones, cabe destacar  que  la nacionalización del petróleo fue uno de los hechos más importante en la historia venezolana, y sin importar quien la haya nacionalizado, lo importante es recordar que Venezuela es un país rico y bendecido con diversos recursos naturales, los cuales se deben explotar para así dejar de depender del llamado “oro negro”.

La Ley de Nacionalización del Petróleo

Al realizarse el debate en las Cámaras Legislativas el mencionado artículo 5º solo recibió los votos favorables de Acción Democrática y Cruzada Cívica Nacionalista, con los cuales fue aprobado. La Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, posteriormente conocida como Ley de Nacionalización del Petróleo, fue finalmente aprobada el 29 de agosto de 1975.

Aún con su peligroso articulo 5º, la mencionada Ley representa un paso importantísimo en el proceso de rescate de nuestro petróleo para la Nación venezolana, pero a juicio de muchos sectores no constituye, de ninguna manera la culminación de ese proceso, pues todavía importantes aspectos del negocio petrolero continúan dominados por las compañías petroleras.

La nacionalización del petróleo no fue una decisión unilateral y totalmente soberana del Estado venezolano sino resultado de un proceso de negociación con las compañías petroleras en el cual se llegó a los siguientes  acuerdos:

1.- se pagó a las compañías extranjeras un total de 4.300 millones de bolívares por sus activos en el país, a pesar de que los mismos habían sido pagados varias veces con las utilidades que ellas habían adquirido.

2.- se firmaron contratos de comercialización con las compañías petroleras expropiadas que siguen siendo las que venden en el mercado mundial nuestra producción. Dado que en la comercialización se obtienen los más altos beneficios del negocio petrolero, la negociación no estará completa mientras no sea el propio Estado venezolano el que se encargue de la misma.

3.- Se firmaron “convenios de asistencia técnica” por medio de los cuales las antiguas compañías concesionarias extranjeras siguen “asesorando” a las empresas nacionalizadas mediante el pago de importantes cifras (700 millones de bolívares el primer año). Esa “asistencia técnica” permite a las empresas extranjeras influir de manera decisiva en la política de las compañías nacionalizadas, lo cual es inconveniente para el país, sobre todo porque los asesores son, al mismo tiempo, representante de las empresas extranjeras que compraban nuestro petróleo para comercializarlo en el mercado mundial.

4.- Entendemos la nacionalización de la industria petrolera como el control y dirección de la misma por parte de la Nación venezolana para poner la totalidad de sus beneficios al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales de toda la población del país. Todavía no podemos decir que ello se haya logrado plenamente pues como se ha visto, ese control y dirección es compartido de hecho con empresas extranjeras y, por otra parte los beneficios de la industria petrolera están lejos de llegar hacia las grandes mayorías de la población venezolana. Por ello debemos seguir luchando hasta lograr alcanzar la meta de una autentica propiedad, control y usufructo de nuestro petróleo por parte de toda la Nación venezolana.

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